Tras conocerse los procesamientos contra los 9 empleados de Barrick investigados por el derrame en Veladero, este diario accedió ayer el texto completo de esa resolución dictada por el juez de la causa, Pablo Oritja. De la misma se desprende que tres afluentes de Iglesia fueron contaminados con cianuro y mercurio que provenían de la fuga en la mima y que esos compuestos no alcanzaron a afectar al río Jáchal, varios kilómetros aguas abajo. El magistrado comprobó el perjuicio en el primer departamento a través de las pericias que aportó la misma empresa minera; en tanto que las de la Policía Federal revelaron que no hay cambios significativos en los ríos respecto al estado que presentaban antes de la explotación del emprendimiento.
Lo que no se sabía hasta ayer era cuál era a ciencia el alcance de la contaminación y los ríos afectados. En su resolución, que tiene más de 40 hojas y fue firmada el 3 de marzo, Oritja afirma que esos afluentes son Potrerillos, Las Taguas y La Palca, los tres ubicados en el departamento Iglesia, en una zona cercana a Veladero, y se valió de los análisis que hizo Barrick apenas sucedió el derrame.
Los monitoreos de la minera fueron en los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca y Blanco. De acuerdo a los resultados que el juez cita en la resolución, en los tres primeros se registraron concentraciones suficientes de cianuro y mercurio como para afirmar que se contaminaron. En tanto que no menciona como afectado al cuarto, que es el que está más aguas abajo.
De las pericias que se hicieron en el río Jáchal, que está todavía más abajo que el Blanco, el juez evalúo las que realizó la División de Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal para la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Medioambientales y llegó a la conclusión que no revelan contaminación o envenenamiento de las aguas.
Para llegar a una conclusión en cuanto a las pericias, el juez advierte que hace falta compararlos con la línea de base. Esta última está constituida por los valores de un metal o un químico que se encontraron en el río antes de que empezara la actividad extractiva en Veladero y permite determinar si las condiciones ambientales se modificaron o sufrieron algún impacto. Si los índices subieron respecto a aquella época y están por encima de los límites permitidos por ley, como surge del informe de Barrick, se puede concluir que hubo contaminación.
La medición de la Federal detectó en los ríos de Iglesia y el jachallero cobalto, plomo, cadmio y cromo. Oritja vuelca en su fallo la línea de base de esos metales y la compara con los valores arrojados por la medición policial, concluyendo que no hay contaminación. “Los resultados obtenidos prácticamente no difieren o en algunos casos, incluso, son inferiores a los detectados en la línea de base”, afirma.
La conclusión judicial esclarece uno de los puntos que más polémica levanta en torno al derrame. Asegurando que el Río Jáchal está envenenado, una asamblea de vecinos de ese departamento se levantó para exigir el cese de la actividad minera y no para de reprocharle a la firma canadiense y a las autoridades de Gobierno. Y cuando el mes pasado trascendió el estudio de la Policía Federal, los manifestantes le dieron todo el crédito y encendieron con más fuerza su reclamo.
En medio del pedido para que Barrick haga las valijas, los jachalleros rechazaron fuertemente sus pericias por creer que no reflejaban la verdad. No se imaginaban que iban a ser una prueba clave para que el juez determinara que hubo contaminación y que los empleados de mayor jerarquía de Veladero son los responsables.
El delito que el juez les imputa a los agentes de la minera está tipificado en el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos, que exige la concurrencia de dos factores. Además de la contaminación, la negligencia o impericia.
En los considerandos, el magistrado los culpa por dejar abierta la compuerta que permitió que el líquido derramado llegara al río. Dice que “decidieron en forma inconsulta y negligente la apertura del canal de desvío del Norte, no adoptando los recaudos tendientes a prevenir cualquier tipo de contingencia”. Los empleados declararon en su momento que lo hicieron para no ayudar a que siga subiendo la cota del valle de lixiviación, que estaba alta, y que no podían prever la rotura de la válvula de la tubería que transportaba la solución cianurada.
Fuente:Diario de Cuyo
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