SARMIENTO, San Juan – 11 de octubre de 2025 – La gestión del intendente Alfredo Castro enfrenta su momento más crítico. La decisión del Concejo Deliberante de rechazar el balance de diciembre de 2024 y elevar los antecedentes al Tribunal de Cuentas de la Provincia ha destapado una caja de pandora que revela un patrón de manejo financiero discrecional, el desvío de fondos de áreas sensibles y, lo que es más grave, un posible vicio de ilegalidad en todo el proceso.
En una tensa sesión celebrada el pasado miércoles, el cuerpo legislativo ratificó los dictámenes de comisiones que advertían sobre "inconsistencias formales, legales y contables observadas de manera reiterada" en el Expediente N° 5794/25. Pero el análisis detallado de los decretos que sustentan los millonarios movimientos de partidas presupuestarias del último cuatrimestre de 2024 revela un panorama aún más alarmante.
El pilar legal de los decretos, una ordenanza derogada.
Uno de los hallazgos más graves es que el Departamento Ejecutivo, liderado por Castro, ha fundamentado sistemáticamente sus decretos de modificación presupuestaria en la Ordenanza N° 1129/01. Sin embargo, la normativa vigente que regula dichos movimientos es la Ordenanza 1611/09, mencionada incluso en los considerandos de los mismos expedientes. Este error no es menor: invalida la base legal de transferencias que superan los dos mil millones de pesos, sugiriendo una alarmante desprolijidad administrativa o, peor aún, la utilización deliberada de un marco normativo sin vigencia.
Radiografía de un vaciamiento: Menos servicios, más sueldos y eventos
Bajo este cuestionado paraguas legal, la administración Castro ejecutó una clara reorientación del gasto público. Se desfinanciaron áreas cruciales para la calidad de vida de los sarmientinos para engrosar partidas destinadas a la estructura política, gastos corrientes y eventos.
El Ejecutivo aplicó un recorte sistemático a los servicios básicos y la ayuda social:
Alumbrado Público: Fue la principal caja de financiamiento. Sufrió recortes que suman $496.500.000, un golpe directo a la seguridad y el mantenimiento de los espacios públicos.
Asistencia Social: En un acto de prioridades invertidas, se quitaron $270.000.000 de las partidas de "Asistencia y Donaciones a Personas Carenciadas" y "Colaboraciones y Donaciones Particulares".
Obras y Mantenimiento: Se recortaron $150.000.000 de "Mantenimiento y Reparaciones Menores", $108.500.000 de "Movilidades y Maquinarias" y $100.000.000 del "Programa de Pavimentación".
¿A dónde fue a parar el dinero?
Los fondos extraídos de servicios y ayuda social fueron redirigidos a áreas que, en el contexto de un municipio con carencias, resultan polémicas:
Sueldos y Estructura Política: La partida "Remuneraciones" fue la principal beneficiada con un aumento de más de $637.000.000. A esto se suman otros $54.000.000 para "Aportes y Contribuciones Patronales".
Cooperativas: La cuenta "Mantenimiento por Cooperativas" recibió inyecciones por un total de $364.000.000, un monto que enciende las alarmas sobre los mecanismos de contratación y control.
Eventos y Festejos: Mientras se recortaba en ayuda social, se destinaron más de $92.000.000 para la organización de "Eventos (artistas, sonido, alquileres)".
Contratos y Compras: Se incrementó en $100.000.000 la partida para "Contratos y Retribuciones a 3eros" y se destinaron $250.000.000 a la compra de "Movilidades y Maquinarias", a pesar de haber desfinanciado esa misma área previamente.