El rechazo del Concejo Deliberante a un convenio para mantener un camino privado dejó expuesta una gestión municipal que parece gobernar para los intereses de unos pocos. Mientras los vecinos esperan soluciones en calles destruidas, la intendencia pretendía destinar maquinaria pública a emprendimientos privados.
Un convenio hecho a medida de los privados.
El expediente Nº 5626 proponía que la Municipalidad de Sarmiento pusiera a disposición motoniveladora, camiones y cargadora para el mantenimiento de un camino utilizado por el proyecto Campo Grande del Acequión y el emprendimiento CAMe San Juan SE. La justificación oficial: “acompañar la producción y el desarrollo local”.
Pero en los hechos, se trataba de subsidios encubiertos con recursos públicos a empresas privadas con capacidad económica para financiar sus propios accesos. Una decisión que abría un fuerte debate: ¿a quién sirve la Municipalidad, a los vecinos comunes o a los grandes capitales?
La realidad en los distritos de Sarmiento habla por sí sola. En Guanacache, Retamito, Cañada Honda y otros puntos del departamento, las familias quedan aisladas cada vez que llueve.
En ese contexto, la decisión de la Municipalidad de poner la maquinaria al servicio de emprendimientos privados resulta no solo injusta, sino ofensivo.
La intendencia suele mostrarse con un discurso de cercanía, de “estar con la gente”, de priorizar la inclusión. Sin embargo, cada decisión expone otra cara: la de un municipio más preocupado por garantizar los privilegios de quienes ya tienen que por resolver los problemas de quienes esperan respuestas hace años.
El argumento de que “los emprendimientos generan empleo” tampoco resiste un análisis serio. El municipio tiene múltiples formas de acompañar la producción: incentivos fiscales, capacitación, promoción. Lo que no puede es sacrificar la función esencial del Estado –garantizar servicios básicos– para tapar huecos que corresponden al sector privado.
Lo ocurrido con este convenio desnuda la ausencia de un plan vial integral en Sarmiento. No existe una estrategia seria que priorice lo urgente: mejorar los caminos barriales, garantizar el tránsito seguro y brindar condiciones mínimas a las familias. En lugar de eso, la Municipalidad actúa como una administración reactiva, corriendo detrás de los intereses de unos pocos.
El rechazo del Concejo Deliberante no fue un acto de oposición sin sentido: fue un límite a una gestión municipal que pretendía gastar lo que es de todos en beneficio de unos pocos.
La Municipalidad de Sarmiento debe entender que su obligación es con la gente que día a día vive y sufre las consecuencias de calles destruidas, no con empresas que cuentan con recursos propios para sostenerse.