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La Justicia Federal dio a conocer la identidad de los 11 imputados en la causa que investiga a una organización narco que operaba desde el interior del Servicio Penitenciario Provincial.
Según la investigación, la banda introducía drogas al penal para su posterior comercialización. El juez federal Leopoldo Rago Gallo, a pedido del fiscal Fernando Alcaraz, procesó a los acusados por comercio de estupefacientes con dos agravantes: integrar una organización criminal y actuar dentro de una cárcel.
De los 11 implicados, 10 quedaron con prisión preventiva. Solo una mujer, por un embarazo de alto riesgo, seguirá el proceso en libertad. La causa abarca movimientos millonarios: en un año se habrían manejado unos 590 millones de pesos entre cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Quiénes son los imputados:
Cristian Jesús Latorre: preso en la celda 101, donde se hallaron 47 gramos de cocaína.
Danisa Yasmín Aveiro: pareja de Latorre, acusada de introducir droga al penal.
Sebastián Humberto Tobal: interno señalado como “jefe de pabellón”, en cuya celda se secuestraron pastillas.
María Fernanda Ormeño: pareja de Tobal. En su casa encontraron marihuana, pastillas, un arma y celulares.
Carlos Alberto Ormeño: acusado de comercializar droga afuera del penal.
Rocío Rojas: sindicada como proveedora de drogas en las visitas. Fue excarcelada.
Leonardo Jesús Arias: con antecedentes por narcotráfico, acusado de ser parte de la organización.
Gustavo Martín Chávez Ganga: condenado previamente por tráfico de drogas.
Franco Mario Escoda: interno condenado a 4 años y 3 meses.
Sonia Graciela Ontiveros: madre de Escoda, sospechada de colaborar con la red.
Ricardo David Morales: detenido con cocaína y marihuana.
La Justicia busca a Leonardo Saavedra, presunto proveedor de la droga, y a otras tres personas identificadas por sus apellidos Silva, Luna y Garrido. Además, no se descarta la participación de personal penitenciario, ya que en los allanamientos se halló una campera similar a las usadas por los guardiacárceles.
La investigación continuará con nuevas medidas y la búsqueda de prófugos. La hipótesis es que la red no solo involucraba a internos y familiares, sino también a posibles cómplices dentro del penal.