En medios provinciales destacan a Hensel

No sólo por el número, unas 50 personas, si no porque participaron todos los sectores involucrados en el negocio: funcionarios sanjuaninos y nacionales, dueños de empresas y proveedores y hasta representantes del sector sindical. Se intentó y se logró, al menos a juicio de algunos de los que viajaron, dar una imagen del país totalmente distinta a la que había hasta hace poco en el cerrado mundo de la minería. Para los empresarios extranjeros Argentina era un lugar lejano donde no dejaban reemplazar maquinaria cuando se rompía, que se quedaba con los dólares que producían las empresas y que no controlaba la inflación. Ahora, al menos los dos primeros problemas ya desaparecieron, lo que es bastante. El viaje a la PDAC se dio en un contexto sanjuanino complejo: nueve procesados por contaminación, una multa por ese mismo problema y una ridícula y provocativa resolución de un juez porteño, por supuesto, cuestionando la actividad. El colmo de la mala suerte tenemos los sanjuaninos, porque si el derrame de septiembre de 2015 no hubiese ocurrido, hoy los que ponen plata se hubieran quedado sólo con las objeciones del mercado, esas que no se pueden timonear desde San Juan.

La comitiva fue ecuménica a más no poder. Encabezó el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien fue acompañado por su ministro de minería, Alberto Hensel. Y también fueron figuras nacionales de mucho peso, como el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán y de esa misma área el sanjuanino Mario Capello, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo. También viajó el legislador nacional sanjuanino del PRO Eduardo Cáceres, a quien en pleno viaje le confirmaron que iba a ser el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación. Cáceres ya tiene hasta oficina asignada y resolución firmada. Además fueron miembros de la Cámara Minera de San Juan y de la Cámara de Proveedores Mineros; representantes de empresas con mucho desarrollo en la provincia, como Banco San Juan, y hasta el secretario general del gremio AOMA de esta provincia, Iván Malla. 

La legión sanjuanina resaltaba frente a la riojana y la catamarqueña, contaron los referentes locales. De la primera provincia sólo asistió el vicegobernador Néstor Bosetti. Y de Catamarca fue la mandataria Lucía Corpacci con su esposo, Ángel Mercado, quien también es funcionario. Con ellos fueron algunos otros pocos representantes, pero nada significativo comparado con el grupo sanjuanino. ¿Por qué es importante que todos los involucrados en el negocio se muestren juntos? La minería es una apuesta a largo plazo, que tiene muchos más controles que otras industrias y que va aprendiendo, de a poco y a los tropezones, lo importante que es lograr un acuerdo general que haga perdurar en el tiempo la licencia social. La licencia social es la aprobación de una población sobre un proyecto. Es algo así como la llave con la que un emprendimiento minero se va a desarrollar. Además esa llave es dinámica, porque puede ir cambiando en función a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas de la comunidad donde el proyecto se desarrolla. La licencia social se obtiene una vez y debe revalidarse todos los días. Hay que hacerla nacer, crecer, ayudarla a desarrollar y mantenerla hasta el fin del proyecto, porque si no pasa lo que ocurre hoy por ejemplo en Jáchal, donde un incidente como el derrame de Veladero y, tal vez, cierto relajamiento de las autoridades, tanto políticas como empresarias, hace tambalear su licencia social. Ojo, nada que decir del reclamo del pequeño grupo de jachalleros que se oponen a la minería, porque su berrinche no es técnico, es ideológico y con esa postura nada se puede hacer. El problema es político y lo tienen el Gobierno de la provincia y los empresarios. Que el problema es político se vio claramente en las acciones las del juez federal Sebastián Casanello. El magistrado, supuestamente compungido por el reclamo de cuatro jachalleros, firmó un ridículo exhorto pidiendo que las autoridades \'provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados\' al departamento del Norte de la provincia. El funcionario se tomó de dichos de vecinos de Jáchal y éstos, a su vez, basaron su queja en tres informes: uno de la Policía Federal, otro de la Universidad Nacional de Cuyo y un tercer análisis que fue encargado por una jubilada. El primero fue destruido por el juez Pablo Oritja, de Jáchal, al redactar en la resolución de procesamiento de los nueve empleados de Barrick, que '... los resultados obtenidos (del informe de la Federal) prácticamente no difieren o en algunos casos, incluso, son inferiores a los detectados en la línea de base'. Y el segundo y tercer análisis hablan de valores altos en muchos minerales que son nocivos, pero no hallan cianuro. Minerales que ya figuran en la famosa 'línea base', que no es otra cosa que los valores que tenía el agua antes de que Barrick pusiera un pie en San Juan. Entonces, ¿en base a qué Casanello toma esa decisión? Dicen los medios porteños, porque a este diario ese magistrado nunca lo quiso atender, que los jachalleros tienen miedo de que la supuesta contaminación, que ningún informe ha logrado comprobar, salvo el de la misma empresa, haya contaminado las napas freáticas. Pues bien, hay que hacer entonces otros miles de análisis, además de los más de 3 mil que viene haciendo la empresa desde que se produjo el incidente, para demostrar otra vez a quienes están radicalizados con el tema, que en realidad no pasó nada. Para justificar la ridiculez de Casanello, algunos en el peronismo sanjuanino piensan que la reacción del magistrado, muy ligado a La Cámpora, tiene que ver más con cuestiones políticas que jurídicas. Justo cuando se habla de la posibilidad de que José Luis Gioja podría llegar a la presidencia del PJ nacional, aparece el exhorto. Probablemente esos peronistas tengan razón.

Lo siguiente sonará a discurso de barricada, pero si a Casanello le interesa el tema ambiental, bien podría meterse en la mugre del Riachuelo, problema porteño que ya cuenta con dos sentencias de la Suprema Corte, un presupuesto millonario del Estado nacional para remediarlo, un ente específico para trabajar en esa remediación, más de mil empleados y, a pesar de todo eso, aún siguen como hace décadas: contaminados.

En resumen, los sanjuaninos tenemos que aprender a abrir los ojos: los antimineros están radicalizados y no hay forma de hacerles entender razones, hay que convivir con esa idea. Y los empresarios mineros tienen que dejar de decir que la minería es toda buena, porque tampoco es así. Siempre hay alguna afectación al ambiente y hay empresas que son más preocupadas que otras, lo que implica mejor y peor minería. Tampoco tienen que exagerar en las ganancias que deja, porque podría dejar mucho más. 

Por ahora, los inversores han visto que la Argentina, y particularmente San Juan, son lugares aptos para poner plata. Ahora hay que esperar y trabajar para que la licencia social no sea una excusa. El Gobierno hizo bien en juntar a toda esa gente en Canadá, veremos si da resultados.
Fuente:diario de cuyo
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