La realidad de la justicia Sanjuanina para los pobres

A nivel nacional la Provincia es la segunda que menos defensores oficiales tiene. Los tres defensores del fuero penal que están trabajando, Mónica Sefair, Carlos Reiloba y Mario Vega, manejan –cada uno- entre 500 y 700 causas por año, un número impensado para un estudio jurídico privado.
Que la Justicia se encuentra colapsada en todo el país  no es ninguna novedad, sin embargo, la situación de San Juan se torna preocupante si se considera el escaso número de defensores oficiales  del fuero penal, que existen al día de hoy, en relación al crecimiento de la población.

La Defensa Pública en San Juan tiene creado ocho cargos: tres penales, tres civiles y dos de menores. Sólo uno de ellos está vacante, en el fuero civil, debido al fallecimiento de la doctora Amalia Sosa de Carelli, hace tres semanas. 
Los defensores oficiales son aquellos encargados de garantizar un juicio justo a las personas de bajos recursos, que no logran costear un abogado de un estudio jurídico particular. Esto los coloca en una situación de vulnerabilidad aún mayor y no por la calidad o profesionalismo de los defensores, sino porque los únicos tres que existen se encuentran colapsados. 
Un defensor a  llegado a asistir  hasta 7 indagatorias por día, que realiza 25 entrevistas por mes y que hacen visitas al Penal cada 15 días.
De esas cientos de causas, que cada uno atiende por año, la mayoría son por abuso sexual, robo, hurto y violencia de género. Al respecto, Mario Vega manifestó que “los delitos por abuso sexual, lamentablemente, se han incrementado en los últimos años”.
El papel que cumplen los defensores no es menor  ya que ellos intervienen en cada causa desde el comienzo. Esto es, desde la comisión del delito hasta la condena o absolución del imputado.  Sefair, Reiloba y Vega tienen competencia en todas las instancias judiciales, por lo que su trabajo se torna aún más difícil.
Sin embargo, lo que pocos tienen en cuenta es que ellos tres también llevan adelante las causas de víctimas que no pueden costear un abogado.

Carlos Reiloba explicó que, en su defensoría,  son numerosos los casos de violencia de género, denunciados por mujeres a las que no les alcanza el dinero para pagar un letrado particular.
“Cuando se trata de  violencia familiar  tenemos que actuar rápido e interponer prohibición de acercamiento, reintegro del hogar, cuota alimentaria provisoria, y si el defensor no insiste es muy difícil”, contó Reiloba.
La Defensa Pública, en el proceso penal, tiene la función de garantizar el acceso a la Justicia de quienes no pueden pagar un abogado  y es un derecho que está contemplado en tratados internacionales.  Es aquí donde radica la importancia de los defensores, sin los cuales no se podría realizar el juicio.

 Tal es así, que son numerosas las situaciones en que Sefair, Vega o Reiloba han tenido que asumir la defensa de imputados que son “abandonados” por sus abogados, días antes del debate.

Otro dato alarmante, aportado por Sefair, es que además de tratarse de gente con bajos recursos, la mayoría son jóvenes entre 18 y 29 años.

“Yo les digo que tienen toda la vida por delante, que la aprovechen, trato de aconsejarlos. Le ponemos mucho pulmón pero esto es una vocación, que a mí no me pesa”, aclaró Sefair. Quien además admitió que en los últimos años la defensa oficial ha venido siendo “opacada”. En este punto, Reiloba coincidió al decir que “la defensa oficial es muy menospreciada”.
“La gente cree que defendemos delincuentes, pero no entienden que las cárceles están llenas de pobres y no porque los pobres sean quienes más delinquen, hay algo que tiene que ser revisado”, aseveró Mario Vega, titular de la Defensoría N° 1.

Son muy pocos los casos, tanto a nivel local como nacional, en que defensores oficiales han sido asignados por el Estado, a personas con alto poder adquisitivo.
Esta parece ser la Justicia para los pobres, en donde la defensoría oficial tiene mucho que ver con la vocación de quien la ejerce, más que en otras ramas del derecho.
“Es una posición incómoda porque si uno defiende a un pobre, la sociedad considera que está sacando delincuentes a la calle, en cambio, el abogado que defiende a alguien pudiente se transforma en un gran penalista”, concluyó Vega.
Además, los defensores oficiales del fuero penal también tienen a su cargo las “medidas de seguridad”, por ejemplo, supervisar que las personas bajo sospecha de delitos que fueron derivadas a un hospital mental, cumplan con estar en ese lugar y que reúnan las condiciones de seguridad impuestas.

CIFRAS
500 son las causas aproximadas por año que atiende la Defensoría a cargo de Mónica Sefair.
230 son las causas que lleva la Defensoría de Carlos Reiloba, en lo que va del 2014.
El caso Alfredo Avelín
En el año 2002 a la defensora oficial, Virginia Guillén –ya jubilada-, le tocó llevar adelante  la defensa del ex gobernador de la provincia Alfredo Avelín, en medio de un juicio para destituirlo.
Avelín se negó a contratar un abogado aludiendo que “los diputados no tienen autoridad moral para juzgarme”. Tal fue el escándalo que su defensora declaró en aquel momento que no pudo reunirse ni una sola vez con él.
Avelín fue destituido por la Cámara de Diputados de San Juan, por administración deficiente y negligente y por no garantizar el derecho a la salud y la educación.
FUENTE:TIEMPO DE SAN JUAN
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