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Por Karen Cortéz
La última
semana, San Juan dio un paso histórico en materia minera. La sanción de la Ley
de Desarrollo Local Minero no es solo una noticia para los grandes inversores o
para las empresas del sector, es, sobre todo, una oportunidad concreta para los
trabajadores y las familias de departamentos como Sarmiento, que conviven desde
hace años con la actividad minera en el territorio sin siempre ver reflejados
sus beneficios en la economía local.
El
corazón de la ley es claro, esto significa que los proyectos mineros que operen
en la provincia deberán alcanzar un 80% de empleo local y destinar al menos el
60% de sus contrataciones a empresas radicadas en San Juan. No se trata de
cupos obligatorios impuestos de manera rígida, sino de objetivos concretos que
las mineras deberán cumplir y demostrar. Un cambio de lógica que, en la
práctica, puede transformar la vida de muchos sarmientinos.
Durante
años, la crítica más repetida en las comunidades cercanas a los proyectos
mineros fue siempre la misma, porque las empresas llegan, extraen y se van,
pero el trabajo genuino y calificado queda en otras manos. Esta ley intenta
quebrar esa dinámica. Como señaló el propio Ministerio de Minería Juan Perea en
Tiempo de San Juan, la experiencia internacional demuestra que las inversiones
por sí solas no generan desarrollo sostenido si no van acompañadas de políticas
que integren a las comunidades locales.
Para el
trabajador sarmientino esto significa, en términos concretos, mayores
posibilidades de acceder a puestos de trabajo en los proyectos que operan en su
zona, así como más oportunidades para los pequeños y medianos proveedores
locales que hoy quedan fuera de las grandes licitaciones mineras. La ley apunta
a construir lo que muchos sectores vienen reclamando: una industria que no solo
exporte minerales, sino que genere empleo genuino, capacitación y arraigo en
las comunidades que la rodean.
El
desafío ahora está en la implementación. Las multas previstas y los mecanismos
de control serán la prueba de fuego para que la norma no quede en el papel. Si
la gestión acompaña a la letra, Sarmiento y sus trabajadores podrían ser de los
grandes beneficiados de una transformación que San Juan lleva décadas
esperando.