El Concejo Deliberante de Sarmiento aprobó este 1 de julio una resolución para poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas de San Juan la falta de balances y documentación respaldatoria del Ejecutivo municipal. La nota será presentada mañana y apunta a un retraso que, según el cuerpo legislativo, ya acumula ocho meses.
El Concejo Deliberante de Sarmiento resolvió avanzar con una presentación formal ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan por presuntos incumplimientos del Departamento Ejecutivo Municipal en la presentación de balances, ejecución presupuestaria y documentación respaldatoria.
La decisión fue tomada este 1 de julio, durante la Sesión Ordinaria N° 10, donde el cuerpo aprobó por mayoría la Resolución N° 004/26. A través de esa medida, el Concejo dispuso remitir una nota al organismo provincial de control y también poner en conocimiento al Ejecutivo municipal sobre lo actuado.
La presentación será realizada mañana y busca dejar constancia de una situación que, según el Concejo, afecta directamente el ejercicio de sus funciones de control. El planteo se apoya en la Ley Provincial N° 430-P, que establece las facultades del cuerpo deliberativo para examinar las cuentas de la administración municipal y requerir la documentación necesaria.
El reclamo central es claro: llegado ya el inicio de julio, el Concejo aún no habría recibido ningún balance correspondiente al actual período. Además, siguen pendientes los balances de noviembre y diciembre de 2025, junto con los de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.
También falta, según se expuso, la ejecución presupuestaria de egresos que brinda el sistema, una documentación clave para poder analizar cómo se administran los recursos públicos.
De acuerdo con el planteo del Concejo, los balances deben ser tratados a principios de cada mes. Sin embargo, hoy la situación acumula ocho meses de retraso. Esto impide que el cuerpo legislativo pueda cumplir con una de sus obligaciones centrales: controlar las cuentas municipales.
La nota enviada al Tribunal de Cuentas también advierte que durante el ejercicio 2025 ninguno de los balances mensuales pudo ser aprobado por el Concejo Deliberante. Según el documento, las presentaciones realizadas carecían de documentación exigida, no incluían la ejecución presupuestaria correspondiente o presentaban inconsistencias que impedían realizar un análisis adecuado.
Desde el Concejo remarcan que la transparencia no se demuestra con discursos, sino con hechos y documentación sobre la mesa. En ese sentido, sostienen que si rendir cuentas es una obligación legal, no debería seguir siendo un tema de debate.
“Los vecinos tienen derecho a saber cómo se administran los recursos públicos, y el Concejo Deliberante tiene la obligación de controlar”, es el espíritu del planteo que será elevado al organismo provincial. Pero ese control, remarcan, solo es posible cuando el Ejecutivo cumple con la ley y presenta la documentación que corresponde.
El tema vuelve a poner en discusión el funcionamiento institucional del municipio. Para el Concejo, cada poder debe cumplir el rol que le asigna la ley, sin excepciones ni atajos. Nadie puede estar por encima de esas reglas.
Ahora, el expediente quedará en manos del Tribunal de Cuentas, que deberá evaluar la situación dentro del marco de sus competencias. Mientras tanto, en Sarmiento queda instalada una frase que resume el fondo del conflicto: gobernar también es rendir cuentas.