Un peritaje técnico solicitado por OSSE reveló que las tuberías instaladas por la empresa Krah no son aptas para el transporte de agua potable. La obra, financiada con un millonario crédito internacional, corre riesgo de quedar paralizada y obligar a un costoso recambio de materiales.
La megaobra del Acueducto Gran Tulum, proyectada para garantizar el abastecimiento de agua a más de un millón de sanjuaninos, atraviesa su crisis más profunda. Un informe técnico de la consultora Interacción, certificado por la firma internacional Bureau Veritas, concluyó que las cañerías instaladas no cumplen con los requisitos básicos para el consumo humano.
De acuerdo con el documento, que ya forma parte de la prueba documental en la justicia provincial, los caños provistos por la empresa Krah son en realidad tuberías diseñadas para cloacas y desagües pluviales. Esta revelación no solo implica una falla estructural, sino un potencial riesgo sanitario para la población
El análisis técnico es contundente respecto a la inviabilidad de los materiales utilizados en la obra:
Insumos no aptos: Las tuberías están fabricadas con materiales que podrían migrar partículas tóxicas al agua.
Falta de resistencia: Al ser caños diseñados para desagües, no poseen la capacidad de soportar la presión necesaria para un sistema de distribución de agua potable de esta envergadura.
Uso incorrecto: La certificación de Bureau Veritas es clara: las muestras analizadas "aplican para desagües", invalidando su uso en el acueducto.
El Acueducto Gran Tulum nació como una obra clave para el futuro de San Juan, financiada mayoritariamente por un préstamo de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait, el cual la provincia ya ha comenzado a pagar.
Sin embargo, el proceso de licitación y ejecución ha quedado en el ojo de la tormenta. La empresa adjudicataria, Krah, obtuvo contratos por al menos 1.300 millones de pesos (a valores de licitación) para proveer más de 70 kilómetros de cañería. Las miradas apuntan ahora a la relación entre la empresa y el poder político de la gestión anterior, dado que el apoderado de la firma era Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac.
"Se pagaron sumas millonarias por tuberías de carácter experimental que otra empresa competidora ya había advertido que no eran las adecuadas", señala la denuncia presentada originalmente por el abogado Marcelo Arancibia en 2025.
La investigación penal, liderada por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, ha avanzado con la recopilación de más de 100 cajas de documentación y una reciente inspección ocular en el tramo que une el Dique Punta Negra con la planta de Marquesado.
¿Qué pasará ahora?
Intervención del INTI: OSSE ha solicitado que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realice un segundo peritaje para ratificar los hallazgos de Interacción.
Posible desmantelamiento: Si el INTI confirma que los caños son tóxicos e inadecuados, la provincia deberá enfrentar un escenario catastrófico: retirar los caños ya enterrados, lo que implicaría una parálisis total de la obra por falta de fondos para recomprar materiales.
Acciones legales: El Estado provincial ya se presentó como parte querellante en la causa por presunta malversación de fondos e irregularidades en la licitación.