El reciente dictamen de la Fiscalía Civil no es solo un revés judicial para el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; es el acta de defunción de una estrategia basada más en el capricho que en el derecho
La jugada de judicializar la política suele ser el último recurso de quienes carecen de capacidad de negociación. Castro intentó, a través del amparo de la concejal Valeria Ríos por segunda vez, forzar en los tribunales lo que no pudo sostener en las bancas
Lo que queda al desnudo es la incapacidad de contención del intendente. Lucas Gómez no cayó del cielo; entró en su propia lista. Que hoy Gómez presida el cuerpo con votos del peronismo y bajo la bandera de La Libertad Avanza no es una "irregularidad", es un fracaso estrepitoso de la conducción de Castro, que dejó escapar a sus propios hombres hacia la vereda de enfrente.
El dictamen fiscal no solo rechaza el planteo de Castro y Ríos, sino que les da una lección de derecho constitucional: Improcedencia formal: La fiscalía consideró que el planteo de inconstitucionalidad es "formalmente improcedente" y no presenta una "iniquidad manifiesta".Respeto a las instituciones: Se recordó que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico y no puede aplicarse a casos donde no hay un menoscabo sustancial a las garantías
Mientras el intendente se desgasta en presentaciones judiciales que la fiscalía califica como carentes de fundamentos para romper el "vallado constitucional", el departamento observa cómo la gestión queda en segundo plano frente a una guerra de egos
Intentar anular una votación legítima de mayoría es, cuanto menos, ingenuo. El intendente parece haber olvidado que en democracia las mayorías se construyen con diálogo, no con demandas. Hoy, Alfredo Castro está más solo que ayer: con la fiscalía dictaminando que su postura es "irrazonable" y con un exaliado que le maneja la agenda legislativa desde el despacho de al lado
