La gestión de Alfredo Castro atraviesa su hora más crítica. Tras perder el control político del Concejo Deliberante, el intendente intentó una maniobra judicial forzada para desplazar a Lucas Gómez. Sin embargo, la jueza Amanda Días le propinó un revés técnico humillante: el Ejecutivo ni siquiera agotó las instancias administrativas básicas antes de judicializar la política.
Para la magistrada, hubo una "confusión de sujetos" y una falta total de prueba sobre el supuesto daño urgente. En términos llanos: Castro intentó usar a la Justicia como un atajo para resolver su falta de pericia en la negociación política.
El conflicto no es solo de nombres, sino de formas. El bloque de Castro se desmoronó cuando Gómez —electo en su propia lista— decidió no ser un "escribano" del intendente. La oposición, ahora fortalecida, ha puesto el freno a prácticas de dudosa ética pública que el Ejecutivo pretendía normalizar:
El rechazo a los balances y la ampliación presupuestaria desnudan una gestión que no logra explicar en qué gasta el dinero de los sarmientinos.
"El intendente no puede pretender que la Ley Orgánica lo proteja de su propia incapacidad para mantener unido a su bloque", deslizan desde los pasillos del Concejo.
Con el salto de Gómez a La Libertad Avanza, el esquema de poder en Sarmiento dejó a Castro contra las cuerdas. El intendente ya no tiene el control absoluto y su reacción ha sido el ataque judicial en lugar del consenso.
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