El proyecto busca que la minería deje más trabajo y contratación dentro de San Juan. La iniciativa fija metas del 80% de empleo local y 60% de compras a proveedores sanjuaninos, además de crear un registro público y beneficios fiscales para las empresas que cumplan.
El gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados el proyecto oficial de Ley para el Desarrollo Local Minero, una iniciativa que apunta a ordenar uno de los debates más sensibles de la nueva etapa minera en San Juan: cómo lograr que las grandes inversiones no pasen por la provincia como un tren rápido, sino que dejen empleo, proveedores fortalecidos y desarrollo concreto en los departamentos.
La propuesta fue remitida por el Poder Ejecutivo provincial y establece reglas para que las empresas mineras y sus principales contratistas presenten planes obligatorios de empleo y contratación local. El objetivo central es que el crecimiento del sector tenga impacto real en trabajadores, pymes, comercios, prestadores de servicios y municipios.
San Juan atraviesa un momento clave. La provincia concentra proyectos mineros de escala internacional, especialmente vinculados al cobre, y el Gobierno busca que esa oportunidad económica se traduzca en desarrollo local. En criollo: que la minería no sea solamente números grandes en dólares, sino también trabajo sanjuanino, talleres activos, transporte local, servicios contratados y familias con ingresos estables.
Las metas: 80% de empleo local y 60% de compras sanjuaninas
Uno de los puntos más importantes del proyecto es la fijación de metas progresivas. Las empresas deberán apuntar a que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan, con prioridad para los departamentos directamente vinculados a cada proyecto.
Además, se establece como objetivo que el 60% del monto anual de contrataciones de bienes, obras y servicios sea destinado a proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas.
Esto no funcionará como un simple cupo impuesto de manera automática. La ley obligará a las empresas a planificar, informar, medir y justificar. Si una minera dice que no puede contratar localmente determinado servicio, deberá demostrar por qué no existe oferta sanjuanina competitiva o preparada para responder a esa demanda.
Registro público de proveedores mineros
La iniciativa también crea el RE.PRO.MIN, un Registro de Proveedores Mineros de San Juan. Será público y digital, y buscará identificar qué empresas locales están en condiciones de prestar servicios al sector.
Para ser consideradas dentro de las metas de contratación local, las firmas deberán cumplir requisitos concretos de arraigo en la provincia, como domicilio operativo, tributación local y personal sanjuanino.
Este punto es clave porque busca evitar la clásica avivada de escritorio: empresas que se anotan como “locales” solo con una dirección prestada, pero que no generan empleo ni inversión real en San Juan. Papelitos truchos, abstenerse.
Las mineras deberán anticipar qué van a comprar
Otro aspecto importante es la obligación de publicar planes de demanda de bienes y servicios. Es decir, las empresas deberán informar con anticipación qué necesitarán comprar o contratar.
Esto permitiría que talleres, metalúrgicas, empresas de transporte, firmas de seguridad, proveedores de alimentos, servicios técnicos, constructoras y otros prestadores puedan prepararse a tiempo para competir.
La lógica es simple: si las pymes sanjuaninas conocen la demanda con anticipación, pueden capacitarse, invertir, asociarse o mejorar sus procesos para llegar en mejores condiciones. Sin previsibilidad, siempre gana el de afuera que ya viene con la carpeta lista y el Excel planchado.
Beneficios para quienes cumplan
El proyecto también prevé incentivos. Las operadoras que alcancen simultáneamente las metas de empleo local y compras sanjuaninas podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible.
Ese beneficio podrá ser cedido a pymes proveedoras mineras para cancelar impuestos provinciales. Con esto, el Gobierno busca premiar a las empresas que efectivamente cumplan y, al mismo tiempo, aliviar la carga fiscal de proveedores locales que formen parte de la cadena minera.
Control, sanciones y transparencia
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, con asistencia de un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial.
El proyecto contempla reportes públicos, auditorías y mecanismos de trazabilidad para verificar el cumplimiento real de los planes. También establece sanciones para las empresas que omitan información o incumplan sin justificación, con multas que pueden llegar hasta las 60.000 Unidades Tributarias.
Sin embargo, la norma también prevé excepciones: no habrá sanción si una empresa demuestra que capacitó, buscó proveedores locales y aun así no encontró oferta competitiva disponible.
Los municipios también entran en juego
La ley incorpora un punto que puede ser determinante para los departamentos: las acciones voluntarias de las empresas deberán vincularse con los planes estratégicos municipales.
Esto apunta a que las inversiones en educación, salud, infraestructura o capacitación no queden aisladas ni dependan solo de la buena voluntad de una compañía, sino que respondan a una planificación territorial.
En los departamentos mineros y en las zonas de influencia, esto podría marcar una diferencia importante si se aplica con seriedad. Porque una cosa es cortar cintas para la foto y otra muy distinta es construir desarrollo sostenido.
Una ley para ordenar la oportunidad minera
Desde el Gobierno provincial sostienen que la actividad minera, al explotar recursos naturales que pertenecen al Estado provincial, debe garantizar un retorno concreto para la comunidad.
La discusión ahora pasará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del proyecto. La iniciativa llega con una base de consenso político y con un mensaje claro: San Juan quiere minería, pero también quiere reglas, empleo local, proveedores sanjuaninos y control público.
La gran pregunta será cómo se aplicará en la práctica. Porque una ley puede sonar muy bien en el papel, pero el verdadero examen estará en las contrataciones, en los trabajadores que ingresen, en las pymes que logren vender y en los departamentos que vean resultados concretos.
San Juan está frente a una oportunidad histórica. Ahora falta que esa oportunidad no quede encerrada en los campamentos mineros, sino que baje a la economía real de los sanjuaninos.