En una sesión marcada por la tensión política y las protestas ambientales, el oficialismo logró 137 votos a favor. La modificación busca "precisar con rigor científico" las áreas protegidas para destrabar inversiones vinculadas al RIGI.
En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto que llegaba con media sanción del Senado y que representa un triunfo estratégico para la administración de Javier Milei. Con 137 votos afirmativos de un total de 251 presentes, el Gobierno logró imponer su agenda de desarrollo minero con el respaldo de bloques aliados y gobernadores de provincias cordilleranas.
Un tablero político complejo
La jornada no estuvo exenta de fricciones. Mientras en el recinto se cruzaban chicanas sobre el patrimonio de funcionarios, la presencia de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, subrayó la importancia que la Casa Rosada otorgaba a esta votación.
El oficialismo (La Libertad Avanza) consolidó el número necesario gracias al apoyo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. Un dato relevante para la región de Cuyo fue la postura del peronismo sanjuanino: aunque los diputados Andino y Chica no aportaron al quórum inicial, la reforma contó con el visto bueno político de los sectores que ven en la minería el motor económico de la provincia.
Los ejes de la reforma: ¿Ciencia o producción?
El núcleo del debate gira en torno a la redefinición de las áreas protegidas. Según los fundamentos del proyecto:
- Precisión Científica: El Gobierno sostiene que se busca delimitar con mayor rigor técnico qué zonas deben ser preservadas.
- Impulso al RIGI: La reforma está alineada con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), buscando dar seguridad jurídica a proyectos mineros de gran escala que estaban "frenados" por la interpretación de la ley anterior.
- Desarrollo Provincial: Los gobernadores de las provincias mineras argumentan que la ley vigente era demasiado ambigua y obstaculizaba el crecimiento económico regional.
Clima de tensión afuera del Congreso
Mientras los legisladores debatían, la calle reflejaba el conflicto social. Organizaciones como Greenpeace encabezaron marchas denunciando que la modificación reduce los niveles de protección ambiental de fuentes de agua vitales. La jornada terminó con incidentes menores y la detención de siete activistas.
Desde el Ejecutivo, la respuesta fue tajante: a través de canales oficiales, acusaron a las ONG de intentar "condicionar" al Poder Legislativo y de obstaculizar el progreso nacional.
Lo que viene
Con la sanción definitiva, se espera que en los próximos días el Ejecutivo promulgue la ley. Esto abriría la puerta a la reactivación de expedientes mineros en la zona de la cordillera, especialmente en proyectos de cobre y litio, aunque se anticipa que la batalla judicial por parte de grupos ambientalistas podría ser el siguiente capítulo de esta historia.