Este martes, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, contó que en la Cámara de Diputados de San Juan recibió un proyecto de ley con el que se busca la regulación de mecanismos y tecnología conocida como "rompe tormentas". La medida se presenta como solución a la polémica que se encendió meses atrás por parte de productores provinciales, que pidieron a Gobierno la investigación del tema.
"Esto tiene que ver también con un mandato del gobernador, desde el minuto uno, donde surgió esta polémica, nos encomendó estudiar a fondo la problemática. Fruto de ese estudio, conjuntamente con la Secretaría de Estado Ambiente, y también involucramos al jefe del bloque de Diputados, y al diputado de Sarmiento, Andrés Castro, entre todos conformamos una mesa de trabajo, un equipo para analizar la situación, y establecer fundamentalmente un marco regulatorio", comenzó diciendo Fernández en rueda de prensa.
Según un relevamiento informal, por parte de la cartera de la Producción, el referente informó que se detectaron estos mecanismos en tres emprendimientos de la zona de la Sequión, nueve cañones en funcionamiento. "Es decir, tampoco es que haya una cantidad exagerada de cañones en las más de 70.000 hectáreas que están cultivadas en San Juan. Son nueve cañones distribuidos en tres propiedades que entre las tres nos deben sumar más de 1.500 hectáreas. Donde hay cañones antiranizos, solamente en Sarmiento, donde hemos relevado este tipo", dijo Fernández.
Días atrás, uno de los organismos que intervino en un informe de colaboración fue la UNSJ, desde donde se aseguró que el uso de cañones antigranizo es una "pérdida de dinero y esfuerzo".
"Aquí también estamos siendo innovadores, en este tema que no solamente ha sido debatido en la provincia, sino en muchas otras, San Juan es la primera provincia que va a contar con un marco regulatorio para la utilización de artefactos, mecanismos, o tecnología que pretendan de alguna manera incidir en el ciclo hidrológico del ambiente. Acá lo que tenemos que cuidar es que esa influencia no se contradiga con los presupuestos de la ley ambiental del país", sostuvo el Ministro.
Y cerró: "Por eso lo que estamos haciendo es suspender el uso a través de este proyecto de ley, de todas estas herramientas, e invitar a todos aquellos que crean que no están incurriendo en una afectación grave del ambiente, a que se sometan primero a un registro, y posteriormente a un proceso de evaluación ambiental. Este tipo de artefactos no pasaba por ninguna evaluación ambiental de ningún organismo público. (...) Lo que nosotros consideramos que eso debe atravesar un proceso de evaluación, un proceso de control, y ahí va a estar la Secretaría de Estado Ambiente, que es lo que nos ha pedido el Gobernador, darle a la ciudadanía garantía de que el Estado está presente controlando una actividad que presenta riesgo y que se presenta también afectando un tema delicado como es el ciclo hidrológico".
Fuente: La provincia