Un cruce muy picante protagonizaron ayer el fiscal coordinador Adrián Riveros (UFI Delitos Especiales) y Franco Montes, abogado del colectivero acusado de haber causado la doble tragedia del domingo en Pocito. El motivo: la prisión preventiva. Y el que terminó sonriendo fue el defensor, pues el juez de Garantías Alberto Caballero excarceló al imputado, oponiéndose de esa manera al pedido de 45 días de preventiva que había realizado Fiscalía.
A Mauricio Ariel Guerra (41) le imputaron el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas y por haber violado la señalización de un semáforo. El fiscal Riveros (acompañado por el ayudante fiscal Adrián Elizondo) además dejó abierta la puerta a otro agravante, el exceso de velocidad, que aún no está comprobado porque hasta ayer no estaba el resultado de las pericias.
Según los acusadores, Guerra cruzó el semáforo en rojo cuando guiaba el micro de la línea 24 (Nuevo Sur) por Avenida Uñac rumbo al Norte, con unos 20 pasajeros. El desenlace fue fatal, porque impactó al Chevrolet Corsa en el que Marcelo Huerta (30) llevaba a su suegra María Inés Colpa (65) hacia su casa luego de compartir un evento familiar y ambos murieron.
Fiscalía indicó que existen testigos que declararon que las víctimas circulaban por calle 8 hacia el Oeste y avanzaron cuando el semáforo estaba en verde.
El fiscal Riveros fundó el pedido de preventiva exponiendo varios puntos: que Guerra había mentido al brindar su domicilio (por la falta de arraigo podría fugarse), que puede entorpecer la investigación y que la expectativa de pena es de cumplimiento efectivo (con encierro), debido a los agravantes. Además, señaló que tiene una causa abierta en el Tercer Juzgado de Instrucción por un delito contra la integridad sexual, iniciada en 2019.
El colectivero ayer declaró pero sólo para aclarar que brindó su domicilio correcto y que tiene otro en Media Agua para cuando le toca iniciar a primera hora el recorrido desde allí. Luego, su abogado salió con los tapones de punta, al parecer, ofuscado porque Riveros había dicho en su turno que dejar preso al imputado serviría para que se garantice la "paz social", dada la trascendencia del caso. Montes le retrucó al fiscal Riveros de manera irónica que se está utilizando la prisión preventiva "como un verdadero adelanto de pena para que la sociedad vea que acá se hace cumplir y se paga el delito".
¿Por qué el juez le dio la razón a la defensa? "Jamás (el fiscal) ha dado justificación suficiente de que el acusado o eludiría la justicia o bien se profugaría", dice en la resolución. Sobre la expectativa de pena expuso que "es un análisis totalmente extemporáneo y ajeno a esta instancia preliminar". Y sobre la causa por abuso señaló que "el propio fiscal dijo que existía una eximición de prisión (...) el denunciado se presentó en la justicia (...) entonces cómo pretende que ese antecedente sea valorado en su contra cuando es la causa judicial la que no avanzó". Ahora, Fiscalía puede apelar.
