En el paquete hay todo tipo de viviendas en la mira, de entrega reciente y de entrega histórica, que no se han cancelado. Los adjudicatarios que todavía están pagando sus casas al IPV tienen la obligación de vivir allí y no está permitido tenerlas vacías, prestarlas, ocuparlas solo con fines comerciales o alquilarlas. Además de lo que surge de controles propios, en el organismo estatal reciben todo el tiempo denuncias –muchas veces anónimas- de situaciones sospechosas y ellos investigan caso por caso.
“Tenemos casos de gente que la alquila, la vende o la abandona y esa casa la desmantelan, la roban entera, entonces al final hay que rearmarla para dársela a otra persona que necesite”, dijo el funcionario, agregando que no hay un departamento en particular donde registren más casos, sino que el abanico es “variado”.
Las revocaciones se publican en el Boletín Oficial y se dan con cierta frecuencia pero eso no quiere decir que el IPV ya las tenga en su poder. Es sólo una parte que se visibiliza con la publicación, que integra un largo proceso administrativo y legal y que, en general, es muy difícil que termine realmente con la casa quitada.
Yornet advirtió que “no se le puede sacar a una familia una casa, hay que analizar bien cada situación y por qué pasan estos casos. Una vez que se termina el trámite, el IPV puede disponer de esas viviendas pero la gestión anterior creo que retuvo una sola vivienda, y nosotros tenemos algunas en proceso pero todavía, en poder, ninguna”.
El director se mostró cauto y analizó que “en estas cosas uno nunca sabe los tiempos. Hay que buscar mucha información y dar pasos firmes porque si uno hace algo que no está se nos viene en contra después”.
Fuente:Tiempo de SJ
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