La Corte de Justicia enviará en los próximos días a la Legislatura un anteproyecto de ley en el que propone incorporar el delito de violencia de género y el de desobediencia a una orden judicial al procedimiento de Flagrancia. Además, girará tres iniciativas legislativas más, entre las que sobresale la modificación al Código Procesal Civil y la ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Desde hace varios meses atrás, el máximo tribunal de Justicia viene trabajando en el anteproyecto para que los hombres que provoquen lesiones a mujeres, atrapados in fragranti, sean juzgados en el fuero de Flagrancia. También incurrirán en este delito todos aquellos que le causen una lesión a un familiar, por ejemplo un padre a su hijo o viceversa.
El otro delito que la Corte propondría al cuerpo legislativo que incorpore a Flagrancia es el de incumplimiento de una orden judicial, principalmente cuando ésta se de en el marco de un caso de violencia de género.
En caso de prosperar la iniciativa legislativa, las lesiones leves, que hasta el momento quedaban fuera de Flagrancia por ser un delito de competencia correccional, cuya pena no supera los tres años de cárcel, serán incorporadas al procedimiento siempre que se den en el contexto de violencia de género.
El presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, señaló que junto a dicho anteproyecto se mandará a la Legislatura tres iniciativas más que son fundamentales para continuar con el cambio que se viene proponiendo en los últimos años desde el máximo tribunal, con el fin de agilizar y eficientizar el servicio de Justicia en la provincia.
Uno de ellas es la que plantea implementar la “Mediación previa obligatoria” en los fueros civiles, laborales y de familia con el objetivo de reducir la litigiosidad. Por tal motivo la Corte está capacitando a los jueces en mediación. La medida, que ya se aplica en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reducirá en un 30% la cantidad de juicios.
El otro anteproyecto que se enviará desde el Poder Judicial al Legislativo es la ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal que se basa en el sistema acusatorio, en donde la investigación estará a cargo exclusivamente del Ministerio Público Fiscal.
En la ley de implementación se definirá entre otras cosas, si el nuevo Código Procesal se aplicará gradualmente o en forma total, y además, cuántos fiscales, defensores y jueces se incorporarán al sistema para que pueda ponerse en marcha la nueva norma procesal.
La tercer propuesta que se girará al cuerpo legislativo es la incorporación del protocolo de gestión de la prueba oral y el expediente electrónico al Código Procesal Civil de la Provincia.
Este año, la Corte dio el puntapié inicial para aplicar la oralidad en el fuero Civil, Laboral, Comercial Especial y Contencioso Administrativo, con el fin de darle mayor agilidad a las causas que se tramitan en dichos fueros.
A través del Acuerdo General 35 se puso en funcionamiento el Protocolo de Gestión Oral de la Prueba que fue elaborado por los propios magistrados y aprobado por los cortistas, de acuerdo al marco que establece los códigos de procedimiento, es decir, no se ha innovado o normado nada que no sea compatible con lo que dice el Código de Procedimiento, para garantizar la constitucionalidad del protocolo.
Con el fin de darle mayor solidez a los cambios, se pretende que la Cámara apruebe la inclusión del protocolo de gestión de prueba oral y algunos otros institutos relacionados a la oralidad al Código Procesal Civil local.
Según anticipó De Sanctis, una comisión de la Corte explicará a los legisladores y les despejará cualquier duda sobre las cuatro iniciativas. “Antes del 10 de noviembre los cuatro anteproyectos deben estar en la Cámara de Diputados”, afirmó el presidente del máximo tribunal.
Fuente: El zonda
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