Lo que comenzó como una estrategia para intervenir el Concejo Deliberante terminó en un fracaso legal absoluto. Tras el rechazo de la Justicia a la demanda de Valeria Ríos, el cuerpo legislativo podría castigar la "maniobra temeraria": desde sanciones disciplinarias hasta la remoción de su cargo.
La crisis en Sarmiento se originó cuando la concejal Valeria Ríos, con el respaldo del Intendente Alfredo Castro, judicializó la vida interna del Concejo Deliberante a través de una acción de amparo. Ríos pretendía que la Justicia anulara la elección del presidente Lucas Gómez, alegando un "abandono del proyecto político" y exigiendo que se la nombrara a ella por "derecho de lista".
Sin embargo, la estrategia se desmoronó al revelarse que la propia Ríos había firmado y mocionado la aprobación del acta de elección meses atrás, incurriendo en una contradicción legal flagrante.
El Dictamen: La Justicia ratifica la institucionalidad
Hoy, el Juzgado interviniente, bajo el Expediente Nº 619 y los artículos 58 y 545 del Código Procesal Civil, sentenció de manera contundente:
"RECHAZAR la acción de amparo iniciada por la Concejal de la Municipalidad de Sarmiento Sra. Valeria Roxana Lourdes Ríos contra la Municipalidad de Sarmiento".
Con este fallo, la Justicia blindó la autonomía del Concejo y dejó sin efecto el intento de intervención externa promovido por el Ejecutivo municipal.
Lo que viene: ¿Destitución para Valeria Ríos?
Tras el fracaso en tribunales, el panorama para la concejal Ríos se ha oscurecido en el plano legislativo. Según fuentes cercanas al cuerpo, se están manejando diversas opciones ante lo que consideran una falta de ética institucional gravísima:
- Sanciones Disciplinarias: El Concejo Deliberante tiene la facultad de sancionar a sus miembros por inconducta. Haber demandado al cuerpo que ella misma integra, basándose en argumentos que la justicia ya declaró improcedentes, es visto como un ataque directo a la institución.
- Destitución: La gravedad de la maniobra ha abierto el debate sobre su continuidad. Se analiza si el uso de "ingeniería judicial" para desconocer la voluntad popular y las mayorías democráticas constituye una causal de destitución por mal desempeño o inhabilidad moral.
- Responsabilidad Civil: Al haber sido rechazado el amparo, Ríos podría enfrentar el pago de las costas judiciales de su propio bolsillo, además de posibles demandas por los daños institucionales causados al normal funcionamiento del municipio.