Vestía ropa oscura similar a la de la Policía, llevaba una pistolera tipo muslera y permanecía detenido al costado de la calle como si estuviera de guardia. La escena, en plena noche en Sarmiento, llamó la atención de los verdaderos efectivos y terminó destapando una maniobra que llevó a Ezequiel David Videla ante la Justicia por usurpación de autoridad. A pesar de la gravedad del hecho, el acusado no irá a prisión, la causa se resolvió con una suspensión de juicio a prueba por lo que deberá pagar $30.000 y trabajar gratis por siete meses.
El episodio ocurrió el 9 de diciembre de 2026, alrededor de las 20.10, en la intersección de Rivadavia y Joaquín Torrent. Allí, personal de la Policía Motorizada realizaba recorridas preventivas cuando observó a un hombre a bordo de una Motomel Blitz 110cc, estacionado a la vera de la calle y con una apariencia que, a simple vista, imitaba a la de un efectivo policial.
Al acercarse, los uniformados advirtieron que la indumentaria no coincidía con la utilizada por la Policía de San Juan. El sujeto se mostró nervioso, no pudo justificar la vestimenta ni los elementos que portaba y terminó siendo trasladado a la Comisaría 8ª. Entre los objetos secuestrados había una pistolera con un arma de apariencia similar a la reglamentaria, que luego fue incorporada como prueba en la causa.
La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo, quien imputó a Videla por usurpación de autoridad. Sin embargo, tras la audiencia correspondiente, la Justicia resolvió concederle el beneficio de la probation, evitando así el juicio oral.
Según lo dispuesto, el imputado deberá cumplir un año de suspensión de juicio a prueba, realizar una reparación simbólica de 30 mil pesos, destinada a merenderos, y llevar adelante tareas comunitarias durante siete meses, hasta completar 80 horas en el Municipio de Sarmiento. Además, se ordenó el decomiso y la destrucción de los elementos secuestrados.
Con esta resolución, Videla podrá evitar que la causa avance, siempre y cuando cumpla estrictamente con las condiciones impuestas por el tribunal. De lo contrario, el proceso penal podría reactivarse y derivar en un juicio.
