El Tribunal de Cuentas de la provincia no aprobó el ejercicio contable 2023 de la gestión del exintendente de Sarmiento, Mario “Cacho” Martín, tras detectar graves observaciones vinculadas al uso de fondos públicos. El informe del organismo revela que se realizaron pagos por más de 212 millones de pesos a tres cooperativas de trabajo, sin que exista documentación que respalde la efectiva prestación de los servicios contratados.
Las irregularidades forman parte de tres cargos principales formulados por el ente de control, aunque se suman otras once imputaciones complementarias que elevan el presunto perjuicio económico para el municipio a aproximadamente 230 millones de pesos, según publicó el medio 0264 Noticias.
Entre los responsables señalados figuran el exintendente Martín y varios de sus exfuncionarios, quienes ya fueron notificados y cuentan con un plazo para presentar descargos y documentación respaldatoria. Si no logran justificar las erogaciones, podrían ser obligados a reintegrar los fondos con recursos propios.
El circuito de pagos, bajo la lupa
El caso más significativo involucra pagos por 107,8 millones de pesos a las cooperativas San Antonio 2, Virgen del Carmen y Sarmiento 2. Según el expediente, los desembolsos fueron tramitados mediante "notas de inicio" firmadas por el entonces secretario de Gobierno, Diego Cortez (actual concejal), quien también certificó la ejecución de los servicios.
El Tribunal detectó irregularidades en el circuito de pagos: los cheques fueron librados a nombre del tesorero Daniel Villafañe, pero en la mayoría de los casos fueron cobrados por ventanilla por el subtesorero Sergio Monfort. Lo más grave es que no hay evidencia documental que acredite que el dinero fue recibido por las cooperativas.
Más pagos sin justificar
En un segundo cargo, se cuestiona un pago adicional de 61,05 millones de pesos a las mismas cooperativas, también sin respaldo documental ni prueba de ejecución de servicios. Aquí se amplía el listado de presuntos responsables, sumando al contador Alberto Aguirre. El Tribunal advirtió expedientes sin firmas, facturas sin conformar y el mismo patrón de retiros en efectivo por parte del subtesorero.
El tercer cargo se refiere a transferencias bancarias por 43,77 millones de pesos a dos de las cooperativas ya mencionadas. En estos casos, los expedientes directamente carecen de certificaciones, lo que el organismo calificó como una falta grave de control administrativo.
Otras imputaciones y el futuro del caso
A estas observaciones se agregan otras imputaciones menores, como un expediente que habría sido pagado tres veces, generando un presunto perjuicio adicional de 2,4 millones de pesos, junto con otros pagos considerados indebidos.
Ahora, Mario “Cacho” Martín y los exfuncionarios señalados deberán presentar pruebas para desestimar los cargos. Si no lo logran, y tras agotar las instancias administrativas, la Fiscalía de Estado podría avanzar con la ejecución judicial para recuperar los fondos en cuestión.