De acuerdo al escrito, firmado por la defensora Florencia Peñaloza, "la creciente preocupación de los sanjuaninos por el uso de sistemas rompetormentas y antigranizo en San Juan, llevó a tomar medidas urgentes en protección de los sanjuaninos del posible impacto ambiental de las mismas".
"A través de resolución, se solicita a las autoridades provinciales de Producción, Trabajo e Innovación y Ambiente y Desarrollo Sustentable, la suspensión del uso de estos sistemas en la jurisdicción de San Juan, la verificación de la totalidad de cañones antigranizo y rompetormentas instalados en la provincia", agregó.
Finalmente, pidió a las autoridades "un informe detallado sobre el impacto ambiental, con el fin de evitar y prevenir daños ecológicos y ambientales que eventualmente pudiere traer aparejado el uso de estos sistemas para todos los habitantes de la provincia".
El caso
El sur sanjuanino está en boca de todos estos días por el enfrentamiento de productores ganaderos que acusan a las grandes empresas agrícolas de Sarmiento de usar caños “rompetormentas” en medio de la sequía. Dicen que los viticultores, pistacheros y olivícolas de la zona usan estos sistemas para preservar sus cosechas, y que, al no llover, no crecen las pasturas y se muere el ganado.