Con el apoyo financiero nacional anunciado este jueves para la Ruta 40 Norte, quedó también en el tapete la delicada situación de la Ruta 40 Sur, abandonada desde fines de 2019. La empresa que tiene el contrato reclama 300 millones de pesos a Nación y si se relicita la obra, que consta de dos tramos, se estima oficialmente que se necesitan casi 6.000 millones de pesos.
“La situación con la empresa debe ser muy pronta para iniciar un proceso licitatorio que llevará su tiempo y aspirar a que al principio del año que viene empezar nuevamente con la obra”, dijo el ministro de Obras local, Julio Ortíz Andino sobre estos trabajos que dependen de Nación.
El titular de Vialidad Naciona, Jorge Deiana, dijo que no se sabe cuándo se destrabará el conflicto porque depende de los tiempos de la Justicia y son plazos que no le competen. Es que la empresa mendocina Green se declaró en convocatoria de acreedores el año pasado y desde entonces no trabajó más, dejando a decenas de obreros en la calle e incipientes obras inconclusas.
“Todo está en ámbito legal, Vialidad Nacional ya elevó los informes necesarios. La sección II está al 30% y la Sección III al 10% con plazos vencidos de obras y sin avances, con problemas de circulación y de seguridad con lo que se busca la resolución rápida del conflicto”, dijo Deiana.
Vialidad aconsejó cómo seguir y ya tiene el pliego de una segunda licitación hecho para que apenas se destrabe todo lo legal se pueda hacer el llamado inmediatamente.
En los hechos, aún hay contrato con Green para estos dos tramos: la Sección II es entre Tres Esquinas y Cochagual y la Sección III va entre Cochagual y Calle 8.
Como la empresa entró en convocatoria de acreedores, la representación de la contraparte la maneja una sindicatura en Mendoza. La empresa reclama más de 300 millones trabados por diferentes causas, deuda que viene desde la gestión macrista, informó Deiana. “No se le pueden pagar todavía porque no han constituido las garantías bancarias exigidas. Hay un tema legal y recursos económicos de por medio”, detalló.
Se trata de certificados de obra ya acreditados por la firma que sí o sí debe pagar Nación, aseguró el funcionario. “La sindicatura es la que define el orden de prioridades de pago. Hay una serie de aspectos legales que deben resolverse antes de la decisión final. La decisión política está dada, pero no la decisión legal”.
Cuando habla de decisión política, habla de rescindir el contrato con Green para poder relicitar la obra. Deiana aseguró que durante la pandemia se pudo avanzar en lo administrativo y que “todo lo que estaba a nuestro alcance se ha hecho”.
Son dos obras que se adjudicaron “a la baja” por la gestión macrista. Es decir, si se adjudicaban a la misma empresa ambos tramos costaban más baratos y la oferta fue de un 20% por debajo del presupuesto oficial. “Cuando los presupuestos se bajan los problemas se acrecientan”, reflexionó Deiana.
“Hemos estimado hace un par de meses que en la Sección II, restando el 70% de obra cuesta ahora unos 2.700 millones de pesos. El otro tramo, Sección III es equivalente a 90%, son distancias muy similares, es decir que está superando los 3.000 millones de pesos”, informó el conductor de la delegación local de Vialidad Nacional.
La Sección II tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que prevé seguir prestando financiamiento a pesar de que se cambie la empresa, dijo el funcionario. Lo que se intenta es que el BID también se haga cargo del tramo III que ahora depende de aportes del tesoro nacional. Esta última gestión ya fue encarada por Uñac.
El ministro uñaquista Ortíz Andino dijo que “nosotros vamos a pelear que el financiamiento de ambas secciones sean del BID, hoy una de las secciones es del BID y otra es del tesoro nacional, creemos que es posible”.
Agregó el ministro que “la situación con la empresa debe ser muy pronta para iniciar un proceso licitatorio que llevará su tiempo y aspirar a que al principio del año que viene empezar nuevamente con la obra”. Incluso anticipó que “creo que la relicitación que hagan será en dos etapas, primero la que tiene más avances”.
Como las obras están abandonadas hace más de medio año, transitar hacia el Sur se ha vuelto un peligro que se hace mayor a medida que pasa el tiempo. Es que quedaron desvíos, terrenos sueltos y sin señalética adecuada con lo que los vehículos deben ir con sumo cuidado entre Pocito y Sarmiento.
Sobre el mantenimiento, Deiana explicó que “la responsabilidad primaria es de la contratista. Esto no impide que nosotros no veamos problemas. Hemos hecho sucesivos informes y estamos actuando con eso, pero estamos limitados por esta competencia de que la empresa sigue siendo responsable. Los problemas de seguridad son graves y estamos actuando en la medida de nuestra posibilidad”
Fuente:Tiempo de SJ